miércoles, 20 de febrero de 2008

Terminología a tener en cuenta:

Osvaldo Arturo Rivas y María Cristina Gómez Pinto no son ni fueron los “padres adoptivos”, menos aún “los padres” de María Eugenia Sampallo Barragán. Son sus apropiadores, ya que no existió ningún trámite legal de adopción. Ambos individuos inscribieron a la niña como si fuera hija propia y le ocultaron su verdadero origen.

María Eugenia Sampallo Barragán no está haciendo juicio a “su familia”. Osvaldo Arturo Rivas y María Cristina Gómez Pinto la criaron sin el consentimiento de su familia biológica que la buscó desde antes de nacer en cautiverio. La familia de Eugenia la acompaña en el juicio contra sus apropiadores y el militar que la entregó como si se tratara de un objeto.

Primera audiencia – martes 19 de febrero de 2008

Durante la primera jornada del juicio por la apropiación de María Eugenia Sampallo Barragán se leyeron los escritos acusatorios de los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers, quienes estuvieron a cargo de la instrucción del caso.
A José Enrique Berthier, Osvaldo Arturo Rivas y Cristina Gómez Pinto se les imputa supresión del estado civil en concurso ideal con falsificación ideológica de documento público destinado a acreditar identidad y falsificación de documento público en concurso real con la sustracción, retención y ocultamiento de una menor de 10 años.
En la acusación la fiscalía solicitó que se condene a Berthier a 10 años, a Rivas a 8 años y a Gomez Pinto a 7 años, aunque se espera que al finalizar los alegatos se solicite una condena mayor.
Luego, la querella aportó dos nuevas pruebas en contra de Berthier: una, relacionándolo con los grupos de tareas del Centro Clandestino de Detención “El vesubio”, lo que produjo la reacción del defensor particular de Berthier oponiéndose a su incorporación y demostrando claramente su sorpresa e incomodidad por lo encontrado. La otra prueba lo señala como autor de persecución ideológica durante la última dictadura contra un ciudadano italiano, quien identificó a Berthier como jefe del Regimiento 3 de la Tablada. Se trata de una denuncia que recibió la Cancillería Argentina por parte de la embajada de Italia.
Posteriormente se dejó abierto el debate y se invitó a los acusados a declarar. Rivas hizo uso de su derecho a no hablar y se leyeron las declaraciones que constan en la causa. Gómez también se negó a declarar y su defensa solicitó que no se incorporaran las afirmaciones incorporadas en el requerimiento de elevacióna juicio aludiendo que esta declaración no había sido tomada con todas las garantías de una declaración indagatoria. La mujer en su declaración informativa había dicho: “Y fue Berdier o Berthier quien entregó la criatura a mi ex esposo”, pero luego –inverosímilmente- se retractó en un posterior careo (el careo de fs. 292) con el mismo Berthier.
Tanto la querella como la fiscalía habían previsto esta situación por lo que expusieron vastos argumentos a fin de que se rechace este pedido. El tribunal le dio la razón a la querella y a la fiscalía y se incorporó por lectura la declaración de la imputada Gómez Pinto.
A continuación se hizo un cuarto intermedio y al regreso se le ofreció declarar al imputado Berthier, quien al igual que los otros acusados, se negó a hablar. Con esto finalizó la primera audiencia de debate que continuará el jueves 21 con los testigos de las partes, siendo María Eugenia la primera en declarar.
Las Abuelas de Plaza de Mayo Alba Lanzillotto, Buscarita Roa y Elsa Oesterheld se acercaron al tribunal para acompañar a María Eugenia. También estuvieron presentes otros nietos recuperados: Victoria Donda, Tatiana Sfiligoy y Gabriel Cevasco; y nietos que aún hoy buscan a sus hermanos nacidos en cautiverio como María Eugenia: Juliana García, Mario Frías y Eduardo De Pedro.
El equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, demás integrantes de la Asociación y representantes de organismos de Derechos Humanos también se acercaron a los tribunales de Comodoro Py; además del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde y Rodolfo Ojea Quintana, subsecretario de Coordinación y Cooperación Internacional, entre otros funcionarios. Todo sirvió para contrarrestar la absurda presencia de los activistas de “memoria completa” que intentan mantener impunes los crímenes de lesa humanidad.